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Detrás de la noticia: Traicionan a Alejandro Murat y a Rubén Vasconcelos en la Fiscalía

Opinión por: Alfredo Martínez de Aguilar

Además de muchos otros, dos son los pecados capitales de los mexicanos o, si lo prefiere, herencia maldita en el Estado mexicano. La corrupción e impunidad. Lo contaminan y pudren todo. Amenazan arrasar con México.

La corrupción e impunidad tienen en el tráfico de influencia e intereses su principal base de sustento. Las amplísimas redes de complicidad son su columna vertebral que sostiene a este cáncer que destruye al país.

El tráfico de influencia y el conflicto de intereses de la partidocracia, así como de la mayoría de gobernantes, servidores públicos, políticos y empresarios, son las causas, motivos y razones de la corrupción e impunidad.

Así ocurre en la invasión de predios de propiedad privada que promueve el Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura, José de Jesús Romero López, en Santa Rosa Panzacola, a cambio de votos para Morena.

Es de lamentar que traicionen al Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, algunos Ministerios Públicos y el Director de Averiguaciones Previas, al proteger a probables responsables del delito de despojo.

Tres de las áreas más vulnerables por sensibles son, indiscutiblemente, seguridad y procuración e impartición de justicia. El impacto social es aterrador por demoledor. Destruye la paz y tranquilidad personal y familiar.

Importante es crear conciencia colectiva sobre la imperiosa necesidad de adquirir la cultura jurídica de la legalidad. Vital es exigir que se respete y haga respetar el Estado de Derecho y las leyes que de este emanen.

No basta, sin embargo, tener conciencia sobre la permanente demanda de cumplir y hacer cumplir la ley, si ésta no va aparejada de la cultura de la denuncia. Una y otra se complementan y fortalecen el Estado de Derecho.

No menos trascendente es apoyar individual y colectivamente en este sentido los programas, acciones y esfuerzos de los Gobiernos por la seguridad y la justicia, como lo hace la administración de Alejandro Murat.

Lo ideal es hacerlo por conciencia y convicción, no obstante, es obligado hacerlo hasta por conveniencia personal. No se trata de una actitud simple y llanamente egoísta, sino de elemental supervivencia.

Es deber ineludible denunciar las injusticias, arbitrariedades y abusos de la autoridad. En este caso particular, de algunos Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado que protegen a probables delincuentes.

Sin el menor rubor, ya no digamos escrúpulo alguno, Ministerios Públicos traicionan abiertamente el valor superior de la justicia. La corrupción vía las complicidades pudre la procuración de justicia.

Con esta nefasta actitud los responsables de la institución del Ministerio Público traicionan a la sociedad a la que representan y están obligados a servir. Tampoco hacen un favor, para ello se les paga.

A pesar de recibir las denuncias por la probable comisión de delitos con el mayor cinismo protegen a probables delincuentes plenamente identificados. Son evidentes las presumibles razones económicas.

Al mismo tiempo, esos inescrupulosos Ministerios Públicos traicionan el reiterado compromiso por la justicia del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez.

Un caso más que condenable es el del Ministerio Público de la Mesa 10 con Detenidos, Ramiro Cárdenas López, quien en franca violación de la ley liberó a dos invasores detenidos por despojo de tierras de propiedad privada.

Antes de 24 horas, el Ministerio Público de la Mesa 10 con Detenidos, Ramiro Cárdenas López, liberó a Beatriz Adrián Ramírez y Ruiz, y Reynaldo González Santiago, detenidos por la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez.

El Ministerio Público actuó en forma ilegal y de manera irresponsable. Tenía la obligación de agotar el término legal de 48 horas para investigar la probable comisión del delito que se les imputó y por el que fueron detenidos

Puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público de la Mesa 10 con Detenidos, Ramiro Cárdenas López, abrió la Carpeta de Investigación 471/Oaxaca/2018 y Número de Control 04/2018

Los denunciantes acreditaron plenamente la propiedad de las tierras invadidas en la Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez, con las escríturas públicas correspondientes.

A pesar de ello, solo bastó que los invasores detenidos mostraran un Acta de Posesión de una Parcela Ejidal, firmada por el ex presidente municipal del PRD en San Jacinto Amilpas, Víctor Amado López Hernández.

Asimismo, se apersonó en la Fiscalía General como presidenta del Común de San Jacinto Amilpas María Magdalena Sánchez Morales, quien informó al Ministerio Público que ella vendió un lote a los detenidos.

No obstante que a confesión de parte, tales declaraciones, confirman el probable delito de despojo, no solo no detuvo a María Magdalena Sánchez Morales, sino que incluso se dio el lujo de liberar a los invasores detenidos.

Pero las cosas no quedan ahí, porque para encubrir la actuación ilegal del Ministerio Público de la Mesa 10 con Detenidos, Ramiro Cárdenas López, el Director de Averiguaciones Previas, Alejandro Alfonso Ramírez Hernández, inexplicablemente le retiró del caso.

Al reasignarse el caso al Ministerio Público de la Mesa 3 con Detenidos, Águeda, se fortalece la presunción fundada que se liberó a los invasores detenidos para protegerlos, por su complicidad con el diputado José de Jesús Romero López.

En la columna de ayer denunciamos que el diputado José de Jesús Romero López promueve la invasión de propiedades privadas en jurisdicción de Santa Rosa Panzacola para “regalar” lotes a cambio de votos para Manuel Andrés López Obrador (MALO) y para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),

Escribimos que el asunto no es cosa menor, porque el diputado local de Morena José de Jesús Romero López es Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.

El titular del Poder Legislativo antepone la soberbia y la desmedida ambición a su inteligencia. Es inconcebible que ignore que los predios invadidos en los que “regalan” lotes, son propiedad privada.

Claro, no actúa solo, sino a través de los invasores del “Común de San Jacinto Amilpas”, integrado por activistas de Morena y ex presidentes municipales del PRD de ese municipio conurbado.

Los invasores son los hermanos Emilio y Lustriano Ruiz Armengol, Juan y Lucía Barceló Sánchez, entre otros, quienes se ostentan como titulares del “Comité Ejecutivo de las Tierras Particulares del Rancho San Rafael, en San Jacinto Amilpas”.

Y los operadores políticos del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José de Jesús Romero López, son los ex munícipes del PRD de San Jacinto Amilpas, Víctor Amado López Hernández e Ignacio Cruz López.

Como si de una herencia maldita se tratara, la verdadera “mafia del poder”, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, sigue invadiendo a través del actual munícipe de San Jacinto Amilpas, Xavier García Ramírez, y de su Director Jurídico, Carlos López León.

Gracias a la intervención del Subcomisionado de Seguridad Pública Municipal, Raúl Salazar, por instrucciones del Comisionado, Jorge Guillén, el pasado lunes, se logró la detención en flagrancia de dos invasores de predios de propiedad privada.

Al ser detenidos Beatriz Adrián Ramírez y Ruiz, y Reynaldo González Santiago, denunciaron que el lote que invadieron se los vendió el “Común de San Jacinto Amilpas”, quienes les aseguraron que son tierras ejidales y no de propiedad privada.

Después de ser puestos a disposición del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado inició la Carpeta de Investigación correspondiente, a fin de fincar responsabilidades a quienes incurrieron en el probable delito de despojo y que no son otros que los hermanos Emilio y Lustriano Ruiz Armengol, Juan y Lucía Barceló Sánchez.

alfredo_daguilar@hotmail.com

director@revista-mujeres.com

@efektoaguila

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