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Crónicas de la ínsula: Censura directa e indirecta

Opinión por: Cuauhtémoc Blas

Cuando el oscurantismo se cierne sobre todos, con las nuevas disposiciones legales aceptadas por los legisladores; cuando la clase política que gobierna este país (de todos los partidos) busca reducir los márgenes de crítica, sobre todo en internet y redes sociales, es indispensable denunciar esas políticas autoritarias.

Festejábamos que con el internet y las redes sociales la censura se había terminado, si algo no podía publicarlo algún medio, quedaban esos medios donde, incluso, el alcance de lo publicado suele ser mayor.

La fuerza de estos medios modernos de comunicación desde hace rato estorba a los poderosos. Si bien hay abusos de mercenarios seudo periodistas que medran con el internet y las redes, la filosofía de los antiguos legisladores de que es preferible el abuso a la censura dejó de prevalecer.

Pero no sólo se cierne esa censura directa, abierta, insostenible en todas sus letras, como eso de que publicar una verdad que afecte a alguien también está prohibido. Los poderosos trabajan firmes para acallar la crítica. Otro concepto con el que se ataca a la libertad de expresión es la llamada censura indirecta. Tema discutido en la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO), que emitió un comunicado al respecto.

La censura indirecta

“Se considera censura indirecta a la Libertad de Expresión a la distribución arbitraria de los recursos de la Hacienda Pública en la asignación de publicidad oficial; condicionar el pago de esa publicidad, así como otorgar esos recursos con el objetivo de premiar o castigar a los comunicadores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: la distribución arbitraria de publicidad oficial, mecanismo de censura indirecta, “es una forma de presión que actúa como premio o castigo que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión.”

La Declaración de la CIDH, sostiene que se “podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo a algunos medios, con base en criterios discriminatorios”.

En Oaxaca, la dinámica de la censura indirecta es común. En los Ayuntamientos, Congreso local y gobierno del estado se tiene como normal pagar publicidad con recursos públicos esperando el silencio cómplice de los medios; además, la mayoría de ayuntamientos a pesar de contar con partida presupuestal para difusión institucional, la usan para otros fines. Esos presupuestos para publicidad deben ser para satisfacer el derecho a la información de sus gobernados.

Hace pocos días, de manera sintomática, el Congreso de Oaxaca acordó recortar el presupuesto de Comunicación Social del gobierno del estado, medida que seguramente servirá para esgrimir esa escasez y dejar sin recursos a medios, total el gobierno siempre tiene de donde jalar cuando le interesa.

Tratados internacionales

En el comunicado de la APO, dirigido a Gobierno del Estado, Congreso y Ayuntamientos, se informa que los tratados internacionales firmados por México tienen carácter de leyes, por lo cual deben cumplirse igual que las leyes del país, aun cuando el Congreso no haya legislado en forma particular sobre publicidad oficial.

Ya encarrilados en el proceso electoral 2018, también se destaca el artículo 134 de la Constitución Federal que establece que ningún servidor público puede auto promoverse con recursos del erario, por lo tanto, la adquisición de tiempos o espacios de difusión no debe promover la imagen de algún político o funcionario.

La brega periodística será más ríspida en lo sucesivo, pues el trabajo de la prensa es precisamente publicar lo que los poderosos no quieren que salga a la luz. Como escribió Jorge Ramos recientemente: “Nuestro trabajo es descubrir y publicar lo que ellos quieren ocultar. Estamos en lados opuestos: los presidentes en el poder y los periodistas en el contrapoder”.

www.revistaennmarcha.com.mx, lc.blas@gmail.com, @blaslc

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