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CRÓNICA POLÍTICA: ¿Resuelto el caso Baja California?

Por Rosy RAMALES

Jurídicamente el caso Baja California es un caso cerrado electoralmente. Con oportunidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó como válida la duración de dos años del mandato del próximo Gobernador de aquella entidad; periodo por el cual fue electo el morenista Jaime Bonilla Valdez.

Y en la sesión de ayer, la Sala Superior confirmó la validez de dicho periodo de dos años. Evidentemente, habría resultado incongruente la revocación de su propia determinación emitida tres días antes de la elección de este año en Baja California.

Porque además, como bien dijeron magistrados y magistradas, las reglas del juego se establecen previo a la elección, no después, para dar a la misma certeza y legalidad. Es justamente lo que no entienden en Baja California, concretamente en los partidos que conformaron la coalición “Juntos Haremos Historia”.

No obstante la confirmación del TEPJF, el virtual Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, afirma que el periodo de Jaime Bonilla será de cinco años.

Incluso, se atrevió a sugerir a “no caer en confusiones”, porque la resolución del TEPJF se concreta a lo establecido en relación al proceso electoral. Palabras más, palabras menos.

Ja. Pues sí, pero precisamente de trata de las reglas del juego que dan certeza, legalidad y constitucionalidad a la elección de gobernador de Baja California. Entonces más bien el confundido es Rodríguez Lozano. Y cómo no confundirse cuando resulta más redituable estar en el poder cinco años, que dos.

Amén de cualquier otra locura, lo realmente peligroso es el anuncio implícito en la afirmación de Rodríguez Lozano: Hacer efectiva la llamada “Ley Bonilla”, en base a la cual Jaime asuma como gobernador por un periodo de cinco años.

Sería un franco desacato a la resolución de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, lo cual abriría la puerta a desacatos en cascada por parte de cualquiera actor político. Un duro golpe a las instituciones y a la democracia.

¿Quién puede pararlo? Morena y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Morena vía su líder moral, Andrés Manuel López Obrador, quien si bien con sus actitudes ha mostrado cierto desprecio a los órganos electorales (aún cuando condujeron de manera limpia su elección como Presidente de México), necesita orden en el país, y debe empezar por poner el ejemplo llamando a sus afines a respetar la Constitución y las instituciones.

Y la Suprema Corte cuando resuelva las acciones de inconstitucionalidad que en su caso presenten los partidos políticos opositores respecto de la llamada “Ley Bonilla” por su entrada en vigor o por su aplicación.

Las declaraciones de Amador Rodríguez Lozano evidencian la apuesta a la “Ley Bonilla” y a que los ministros y ministras de la SCJN la avalen por encima de su tarea de proteger las disposiciones y principios constitucionales. Sin embargo, no creemos que la Corte vaya en contra de su naturaleza jurídica.

El mayor de los riesgos para la democracia y para las instituciones, es que aun cuando la Suprema Corte desconozca la “Ley Bonilla” por inconstitucional, Jaime rinda protesta como gobernador para un periodo de cinco años.

¿Qué procedería entonces? ¿Qué seguiría?

Correo: rosyrama@hotmail.com


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